Esta semana la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, convocó a varias autoridades de seguridad para abordar la situación actual de la participación de personas menores de edad y jóvenes en actividades de criminalidad.
A través del departamento de comunicación la Defensoría manifestó que “es necesario un abordaje integral de la seguridad ciudadana, de ahí que sea importante articular y dar seguimiento a las acciones del Estado en materia de prevención, inversión social y recursos destinados al sector”.
Una de las preocupaciones que mantiene la Defensoría y que tiene que ser objeto de análisis según la defensoría “es la inversión social estatal que se ha dedicado o no en cada uno de los cantones como un motor para garantizar los derechos de los y las habitantes; los niveles de inversión en materia de seguridad ciudadana y, las acciones emprendidas a nivel de educación y empleo que se requieren en cada una de las zonas”.
Cruickshand señaló que “Cuando el Estado deja de invertir en las comunidades corremos el riesgo que esos espacios sean llenados por los grupos criminales, afectando no solo el entorno sino también involucrando a las personas menores de edad y jóvenes en actividades propias de estas organizaciones”, dijo la Defensora de los Habitantes, Angie Lambert.
Aunque el fenómeno de la inseguridad afecta a nivel nacional, la Defensoría de los Habitantes solicitó información a las autoridades estatales sobre la complejidad de la criminalidad en los cantones de Puntarenas, Limón y Santa Cruz, donde a lo largo de los últimos años se han registrado hechos de violencia que preocupan a todos los y las habitantes.
ESTADISTICA
Un estudio realizado por el OIJ en el 2021 sobre un análisis sociodemográfico y criminológico de Puntarenas, un 40% de las personas víctimas de un delito son jóvenes entre los 18 y 39 años. Y cuando se habla de homicidios la cifra viene en constante crecimiento en el país, lo que se requiere un compromiso de todo el Estado para atender este flagelo. Solo en el cantón central de Puntarenas casi un 70% las víctimas son personas menores de 39 años.
Cada 11 minutos con 46 segundos un costarricense es víctima de asalto, hurto, robo o tacha de su vehículo y en el peor de los casos, es asesinado, de acuerdo con el reloj criminal del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Así lo dice el análisis realizado por el OIJ entre el 1° de enero y el 20 de marzo, donde se registró un total de 9.920 hechos delictivos.
El delito más común es el hurto que se produce cada 33 minutos, seguido por el robo a edificaciones (46 minutos) y el asalto (48 minutos).
El dato que más preocupa a las autoridades es el de homicidios, ya que para el periodo descrito, se contabilizaron 178 asesinatos; mientras que en 2022 se registraron 145 sucesos de esta índole. Se trata de un aumento de un 19%
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