El Frente Amplio solicitó a la Fiscalía investigar al presidente Rodrigo Chaves, por sospecha de que incurrió en tráfico de influencias.
La denuncia es por contratos otorgados al asesor del mandatario, Christian Bulgarelli, quien también es denunciado junto con Pilar Cisneros y los jerarcas del SINART y RECOPE.
Los diputados frenteamplistas Ariel Robles y Jonathan Acuña elevaron ante el Ministerio Público una solicitud de investigación contra el Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles por el supuesto delito de tráfico de influencias.
En la denuncia presentada, los legisladores señalan por la misma sospecha también a la diputada oficialista y jefa de fracción, Pilar Cisneros, a los jerarcas de SINART, Fernando Sandí y al de RECOPE, Juan Manuel Quesada y al productor audiovisual Christian Bulgarelli.
La denuncia se enmarca en la respuesta de la ministra de Educación, Katharina Muller, dio a un oficio enviado por el despacho del legislador Acuña Soto, confirmando que Christian Bulgarelli es asesor del mandatario y que trascendiera que la empresa del productor audiovisual, RMC, fue beneficiada con contratos sin concurso público con SINART y RECOPE.
“La ministra reconoce al señor Christian Bulgarelli como asesor de comunicación del Presidente y Christian Bulgarelli ha recibido contratos millonarios, varios de ellos de manera directa, a dedo”, recordó el diputado Acuña Soto.
De ser ciertos los hechos -señalan Acuña y Robles- se podría estar en presencia de un delito de tráfico de influencias, pues Bulgarelli es una persona cercana y de confianza del mandatario y es parte del equipo de Comunicación del Despacho Presidencial y, tanto Chaves como los otros altos funcionarios mencionados, intervinieron a su favor para que obtuviera jugosos contratos.
Esto violentaría el artículo 52 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública que tipifica lo siguiente:
“Artículo 52.-Tráfico de influencias. Será sancionado con pena de prisión de dos a cinco años, quien directamente o por interpósita persona, influya en un servidor público, prevaliéndose de su cargo o de cualquiera otra situación derivada de su situación personal o jerárquica con este o con otro servidor público, ya sea real o simulada, para que haga, retarde u omita un nombramiento, adjudicación, concesión, contrato, acto o resolución propios de sus funciones, de modo que genere, directa o indirectamente, un beneficio económico o ventaja indebidos, para sí o para otro.
Con igual pena se sancionará a quien utilice u ofrezca la influencia descrita en el párrafo anterior.
La misma ley establece un agravante de este delito en caso de figura presidencial participe pues “Los extremos de la pena señalada en el párrafo primero se elevarán en un tercio, cuando la influencia provenga del presidente…” entre otros altos funcionarios públicos que menciona dicho artículo.
“Esto debe ser investigado por la Fiscalía y que se indague sobre las posibilidades de un conflicto de intereses, que haya tráfico de influencias en las que se esté orientando a que se den contrataciones de este tipo a personas cercanas y con participación activa con el Gobierno de la República.” alertó el diputado Robles Barrantes.