Este lunes 08 de enero la legisladora liberal Kattia Cambronero Aguiluz, presentó el proyecto de ley número 24.105 “Cierre de Radiográfica Costarricense (Racsa)”.
Según el despacho de la diputada, este proyecto nace a raíz de la necesidad que tiene el país de optimizar sus recursos en instituciones sólidas, eficientes y transparentes.
“La empresa Radiográfica Costarricense Sociedad Anónima (Racsa SA.) parte del Grupo ICE, no solo carece de una estrategia clara y coherente para superar sus desafíos financieros y de competitividad en el mercado; sino que a lo largo de distintas administraciones se visto envuelta en graves cuestionamientos por su participación en proyectos ajenos a su razón de ser”, dice el comunicado.
Para el 2022 un el informe (DFOE-CIU-IF-00007-2022) emitido por la Contraloría General de la República el 6 de julio del 2022 fueron identificadas una serie de debilidades en la planificación institucional a mediano y largo plazo respecto a la gestión financiera de la empresa. Según el órgano contralor, la empresa carece de mecanismos de control para la obtención de financiamiento externo.
Asimismo, más recientemente la Contraloría General de la República también encontró excepciones a los procedimientos ordinarios de contratación a los que calificó como “yerros graves” relacionados con la forma en la que Racsa participó en la operación de para dotar de escáneres detectores de drogas a puertos y fronteras.
También ha trascendido en medios de comunicación que el Ministerio Público tiene bajo su análisis denuncias por presuntas irregularidades detectadas en la ejecución de contrataciones públicas por medio de Racsa. Más de 40 contrataciones directas en las que Radiográfica subcontrató a otras empresas sin un debido procedimiento. Desde febrero del año pasado Racsa tampoco cuenta con la figura de auditor interno; fundamental, para realizar investigaciones administrativas a lo interno de la institución.
Para la diputada proponente, Kattia Cambronero Aguiluz, “Es urgente la necesidad de cerrar instituciones que han perdido su razón de ser. A lo largo de distintas administraciones se le han asignado a Racsa tareas para las que no está preparada; haciéndola vulnerable a posibles actos de corrupción. Los costarricenses estamos cansados de instituciones que no agregan ningún valor para el país. Por eso, ya es hora de cerrar lo que no funciona y liquidar a estas instituciones que no son para nada transparentes.”
El proyecto concede un término máximo de seis meses a partir su promulgación, para que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), consulta previa a la Superintendencia de Telecomunicaciones, prepare el procedimiento de liquidación de Racsa y las diligencias necesarias para la correcta administración de todo su patrimonio.
