El diputado herediano del Partido Liberal Progresista (PLP), Gilberto Campos Cruz, miembro de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, presentó este jueves el proyecto de “Ley de crimen organizado juvenil”, que se tramitará bajo el número de expediente 24.006.
El diputado Campos, dijo que “La Ley de Justicia Penal Juvenil cumple ya 25 años de haber sido promulgada. Evidentemente, no es una norma que esté adecuada para los tiempos actuales, en los que vemos a jóvenes, casi adolescentes, vinculados con las mafias locales que se disputan territorios para la venta de drogas. Este proyecto otorga suficientes herramientas al Ministerio Público y a los Tribunales de Justicia para que persiga y juzgue los actos de estas personas con éxito”.
Destacó que uno de los puntos significativos del proyecto es la creación de un sistema integrado de datos de personas menores de edad que hayan caído en las garras del crimen, el cual servirá para que las autoridades puedan construir con éxito un perfil de los delincuentes, y puedan tener información a la mano sobre sus movimientos en distintas zonas geográficas del país. Esa base de datos estará en poder del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Además de reformar la Ley Penal Juvenil para aplicar a los menores el procedimiento de crimen organizado que hoy solo se aplica a personas mayores de edad, el proyecto también crea una base de datos de menores de edad involucrados en crimen organizado que administrará el Ministerio de Justicia y Paz, con el propósito de que esa institución le dé seguimiento a los casos y rehabilite a los menores infractores.
BENEFICIOS
Este proyecto pretende habilitar la declaratoria de crimen organizado juvenil, lo que pondría a disposición de las autoridades judiciales más facilidades para investigar, plazos más amplios para investigaciones en caso de ser necesario, la imposición de medidas cautelares más rigurosas.
Por ejemplo, si la iniciativa se convirtiera en Ley de la República, el juez penal juvenil podrá decretar, a partir del momento en que se reciba la acusación, la detención provisional como una medida cautelar, cuando el menor esté siendo investigado por un delito grave, haya utilizado armas de fuego de grueso calibre legales o ilegales, o que forme parte de un grupo criminal organizado.
El cambio en la legislación permitirá regular o restringir en casos de crimen organizado juvenil el uso de medidas cautelares alternativas al internamiento en centros penitenciarios bajo el régimen cerrado, lo anterior, en razón de que una persona menor de edad vinculada a crímenes violentos amerita abordajes especializados que también protejan a la comunidad.
El proyecto también contempla que los casos sean juzgados por jueces especializados de la jurisdicción penal juvenil y no jueces por recargo, como ocurre en la actualidad.
