El miércoles 21 de febrero los diputados de la Comisión de Reformas Electorales dictaminaron afirmativamente el expediente 23.229 Ley para Unificar las Elecciones Nacional y Municipales, iniciativa del diputado Alejandro Pacheco, jefe de Fracción, Partido Unidad.
La oficina de comunicación de la Fracción de la Unidad le dijo a este medio que uno de los principales factores para avanzar con este proyecto corresponde al nivel de abstencionismo que existe en la actualidad, principalmente en las elecciones municipales
Alejandro Pacheco, diputado proponente aseguró que “Con el nivel de abstencionismo que vimos este 4 de febrero del 68%, y el alto costo, que podría superar los ¢10.700 millones de colones, me parece que el país no está para darse el lujo de realizar elecciones cada 2 años”.
Además, la fracción señala que por otro lado, la carga de trabajo se reduce principalmente para el Tribunal Supremo de Elecciones, pero también para los partidos políticos y líderes comunales, así como los costarricenses en general votantes, que al unificar esfuerzos reducen la cadena de trabajo de cada 2 años. Lo mismos ocurre en el sentido económico, donde los gastos en los procesos electorales se verían minimizados.
“Nuestro compromiso es que mediante moción 137 estaremos presentando un transitorio para que inicie a regir a partir del 2028, y las autoridades del régimen municipal permanecerán en su cargo por un periodo de seis años, asimismo, se pondrá en igualdad de condiciones de financiamiento a todos los partidos políticos participantes ya sean nacionales, provinciales o cantonales, y esperamos que pronto sea ley de la república”, finalizó Pacheco.
QUÉ DICE EL TRIBUNAL
El 23 de febrero el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) advirtió las consecuencias que tendría para la institucionalidad costarricense la aprobación de tres iniciativas de ley cuya discusión avanza en el Congreso durante los últimos días.
Así lo manifestaron las magistradas y magistrados electorales en el acuerdo STSE-0475-2024, adoptado por ese cuerpo colegiado este jueves 22 de febrero, el cual fue enviado al presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias. En dicho acuerdo, exponen una serie de consideraciones en las que se basan para advertir el impacto negativo que tendría la aprobación de los proyectos de ley n.°23.229, n.°21.067 y n°23.201, cuya discusión avanza en el Congreso.
El texto fundamenta los siguientes puntos
En el caso del proyecto n°23.229, para unificar las elecciones municipales con las nacionales el TSE defiende la importancia de que estos comicios se celebren de forma independiente para que en ellos se discutan los asuntos de cada cantón y los electores puedan informarse adecuadamente de las personas y propuestas presentados por los partidos políticos para esos cargos locales.
Asimismo, el TSE muestra porqué esa unificación de elecciones no lograría los beneficios de ahorro y participación en las urnas que invocan sus proponentes.
Los otros dos proyectos persiguen finalidades positivas, pero en su conjunto y en relación con el anterior, tienen el defecto de no ser coherentes y, por eso, afectarían gravemente la lógica del sistema electoral costarricense, imprescindible para su funcionamiento.
Por otro lado, el proyecto de reforma constitucional n.° 21.067, que pretende reducir el plazo entre la verificación de la primera y la segunda vuelta, que actualmente es de dos meses.
El TSE ha manifestado su anuencia con esa reducción siempre que esta no obligue a sacrificar las excepcionales medidas de protección de la pureza del sufragio que tenemos en Costa Rica, como el escrutinio definitivo a cargo de las magistradas y magistrados.
Esa reducción es imposible en un esquema de elecciones nacionales y municipales unificadas, pues, al concluir el escrutinio de las papeletas presidencial y diputadil, los mismos funcionarios que deberían dedicarse a la organización de la segunda ronda electoral, tendrían que continuar con el escrutinio de las papeletas para las alcaldías, regidurías, concejalías de distrito y sindicaturas, e intendencias.
El Tribunal dice que es más inviable aún sería esa reducción del plazo entre primera y segunda ronda, si se aprobara otra propuesta igualmente incoherente con las dos anteriores: el proyecto de ley n.° 23.201, que aumenta las razones por las que, durante el escrutinio, deba darse el recuento de todas las papeletas de las mesas. Iniciativa, además, desfasada respecto de la cantidad de electores, de partidos, de circunscripciones y de papeletas que hoy conforman el proceso electoral costarricense, muy superiores a los de mediados del siglo pasado, cuando se definieron los plazos para llevar a cabo recuentos generales durante los escrutinios.
