El Consejo Universitario de la Universidad Nacional (UNA), hace llamado a la ministra de Educación Pública Anna Katharina Müller Castro acoger las recomendaciones del noveno Informe del Estado de la Educación 2023 como base científica y académica para priorizar acciones que atiendan la crisis educativa que padece el país de forma estructural.
La oficina de prensa de la UNA le dijo a este medio que los resultados del noveno Informe Estado de la Educación 2023, evidencian la grave crisis de la educación que el país atraviesa colocándose frente a un desastre intergeneracional de grandes dimensiones.
Tal y como se desprende del Informe, este debacle es resultado de un estudiantado que avanza en el sistema con fuertes carencias en aprendizajes básicos y que ponen en riesgo sus trayectorias educativas; las respuestas institucionales son insuficientes para salir de la crisis educativa y cerrar brechas estructurales, y el financiamiento de la educación que en lugar de avanzar hacia el 8% del PIB ha venido disminuyendo durante los últimos años, esto a pesar de lo establecido constitucionalmente.
Ante este aterrador escenario, el Consejo Universitario se suma al llamado del Estado de la Educación para actuar con extrema celeridad y realizar una declaratoria de un “estado de necesidad y urgencia dentro del marco legal y reglamentario vigente, o por reformas a este marco, mediante las vías previstas por la Constitución Política.
El informe plantea recomendaciones puntuales que otorgan responsabilidades a actores claves para el cumplimiento de los acuerdos nacionales suscritos, entre ellas revertir los retrocesos en la inversión en educación, mejorar sustantivamente los aprendizajes de estudiantes, su evaluación, dignificar a las personas docentes, mejorar las condiciones de contratación, desarrollo laboral y profesional.
Por lo anterior, la Universidad Nacional continúa consciente y atenta de su misión de formar profesionales humanistas con actitud crítica y creativa, que contribuyan con la transformación democrática y progresiva de las comunidades y la sociedad. Lo anterior implica dirigirnos hacia planos superiores de bienestar para contribuir a la sustentabilidad ecosocial y a una convivencia pacífica derivada de acciones pertinentes y solidarias, preferentemente, con los sectores sociales menos favorecidos o en riesgo de exclusión.